La Federación Nacional de Asociaciones de
Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado ante la Comisión Europea el
decreto aprobado recientemente por el gobierno francés por el que el Ministerio de Trabajo de dicho país pretende exigir una tasa de 40 euros a cualquier transportista
desplazado a territorio galo. La medida nace con el fin de contribuir financieramente
a compensar los costes de la puesta en
marcha y funcionamiento del sistema informático con el que se controlará a
las empresas de transporte cumplen la normativa de trabajadores desplazados.
El cobro de esta tasa
es sólo un trámite burocrático más de la
nueva regulación francesa sobre desplazamiento temporal de trabajadores a
suelo galo, más conocida como Ley Macron.
Cabe recordar que las empresas transportistas que circulen por Francia deben
llevar a bordo del vehículo un documento que acredite que el salario del
trabajador es, al menos, el salario mínimo establecido en el país galo. Esto
debe justificarse mediante la expedición
de un certificado de desplazamiento en el que figuran los datos de la empresa,
del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de
trabajo.
Además, desde el
pasado mes de enero, también deben
acreditar el cumplimiento de dicha regulación a través de una aplicación
informática en la página web del Ministerio de Trabajo Francés. El
conductor del vehículo debe llevar esa copia siempre a bordo por si es
inspeccionado. Según el gobierno
francés, exigir la acreditación de forma electrónica facilita a las autoridades un mayor control sobre el cumplimiento
de la Ley Macron, así como disponer de un estudio estadístico sobre la
situación de los trabajadores desplazados a su país.
Según Fenadismer, este
nuevo trámite es abusivo y vulnera manifiestamente la Directiva europea
sobre trabajadores desplazados. Además, también pone en entredicho los principios fundamentales de libre circulación
de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea.
Por el momento, la Federación Nacional de Asociaciones de
Transporte de España ya ha presentado su recurso ante la Comisión Europea.
No obstante, la nueva tasa no se prevé que entre en vigor antes del próximo
1 de enero de 2018, una vez que se publique la Orden Ministerial que fije
las condiciones de su puesta en marcha y de funcionamiento del sistema de
telepago.
Comunicación Transambiental